Cada día antes del trabajo, Liliane Souza y otras tres docenas de compañeros en una planta de enmarcado brasileña ligada a la Word of Faith Fellowship (Hermandad Palabra de Fe) estaban obligados a rezar.
Cuando los trabajadores cometían un error, como cortar un marco demasiado pequeño, se les gritaba y a veces recibían golpes para sacar al “demonio” que estaba detrás del fallo, recordó Souza. Y cuando Stylofino dejó de pagar a sus trabajadores durante meses, los copropietarios de la firma _ miembros de la rama brasileña de la iglesia estadounidense _ tenían ya una explicación, agregó.
“Dijeron que el negocio estaba en problemas porque éramos pecadores”, señaló.
El negocio y sus prácticas laborales están siendo investigados por las autoridades brasileñas. Esta es una de las pesquisas relacionadas con dos ramas locales de la Word of Faith Fellowship, una secta evangélica con sede en Carolina del Norte.
La fiscalía revisa también posibles irregularidades en la compra de terrenos por parte de una de las congregaciones, según pudo saber The Associated Press. Y las delegaciones del Ministerio de Educación en Franco da Rocha y Sao Joaquim de Bicas estudian varias denuncias de abusos físicos y psicológicos a alumnos de escuelas pertenecientes a la iglesia, así como la alteración de libros de texto en contra de las normas estatales.
Las pesquisas partieron de la publicación en julio de una investigación de The Associated Press que se hizo eco de acusaciones de que la Word of Faith Fellowship construyó una red jóvenes fieles brasileños que, según ellos, fueron llevados a Estados Unidos y obligados a trabajar para negocios vinculados a la iglesia sin salario o con uno muy bajo. Los reportes documentaron también como la iglesia asumió el control de las dos congregaciones brasileñas, instituyendo una visión fundamentalista que incluía abusos verbales y físicos para expulsar a los demonios.
Los pastores de las iglesias de Sao Joaquim de Bicas y Franco da Rocha emitieron comunicados negando las acusaciones, pero no respondieron a las numerosas peticiones de entrevista de la AP.
Tras la publicación de los reportes sobre las Iglesias brasileñas en julio, las autoridades del país sudamericano y de Estados Unidos iniciaron pesquisas sobre las acusaciones de abusos, trabajo forzado y fraude de visados. Investigadores dijeron a la AP que las entrevistas sobre el caso, que sigue abierto, los llevaron a estudiar las condiciones laborales en Stylofino.
En 2000, Gerson José Garcia y Juarez de Souza Oliveira abrieron la pequeña empresa de Franco da Rocha, un suburbio de Sao Paulo, según registros fiscales.
De Souza Oliveira y su esposa, Solange Granieri, fundaron la Iglesia Ministerio Evangelico Comunidade Rhema en 1988. Garcia es un miembro veterano de la iglesia, que incluye una escuela adyacente.
Ocho extrabajadores de la planta entrevistados por la AP describieron un estricto ambiente de trabajo que reflejaba el fervor religioso del culto y su escuela. Solo los miembros de la iglesia podían trabajar allí y abandonarla suponía quedarse sin empleo.
Según el relato de los empleados, recibían el salario mínimo y trabajaban la mayoría de los feriados nacionales, se quedaban hasta tarde por la noche y los fines de semana pero nunca cobraban horas extraordinarias. Estaban presionados para firmar documentos falseados que reflejaban unas vacaciones que nunca disfrutaron y solo las horas que se suponía que debían trabajar, explicaron.
No contaban con dinero para comida ni podían cambiar parte de sus vacaciones por efectivo, dos condiciones estipuladas en la ley brasileña.
Tres de los antiguos empleados señalaron que comenzaron a trabajar a tiempo parcial en la escuela, fuera de los registros y en calidad de “voluntarios”, una labor por la que no recibían compensación alguna.
Andre Oliveira dijo que llegó a la planta en 2007, cuando todavía estaba en secundaria, y siguió hasta 2009, unos ocho meses después de graduarse. Trabajaba casi todos los días de 13:00 a 18:00 horas y no cobraba un salario a cambio.
“Nunca recibí ni un solo centavo”, relató Oliviera, que abandonó del culto el año pasado y ahora vive en Estados Unidos.
Temía que negarse a trabajar supusiera su expulsión de la iglesia o un “blasting”, una práctica por la que un feligrés es rodeado por otros fieles que le gritan, a menudo durante horas.
Los trabajadores contaron a la AP que, a partir de 2011, muchos dejaron de cobrar su salario con regularidad durante más de un año y en su lugar lo recibían con meses de demora o solo una parte de lo que se les adeudaba. Quienes se quejaban o decían que necesitaban dinero para pagar facturas tenían más posibilidades de cobrar, de acuerdo con los entrevistados.
Los propietarios culpaban de la mala situación económica del negocio a los pecados de los trabajadores. Aumentaron los rezos, añadieron, y cualquiera que cuestionaba lo que ocurría era objeto de una “blasting”.
“Decían ’¡Un demonio te ha poseído! ¡Estás loco!“, dijo un antiguo empleado que dejó la iglesia y el negocio en 2012 y testificó ante la policía federal recientemente. Pidió no ser identificado porque sus familiares siguen en la congregación.
En el interior de la planta, “te ponían en una silla y la gente rezaba por ti. Te sacudían, te golpeaban en la cara”, añadió.
Las peticiones de comentarios entregadas en la vivienda de Granieri y De Souza Oliveira y realizadas en el celular de Garcia y en el cibersitio de Stylofino no fueron atendidas.
El 3 de agosto, policías federales e investigadores laborales del Departamento de Justicia de Brasil catearon la iglesia y la escuela en Franco da Rocha, recopilando documentos e iniciando una serie de entrevistas, explicó a la AP un funcionario que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a comentar el caso en público. Los investigadores acudieron a la planta de Stylofino el mismo día, donde también realizaron entrevistas y reunieron registros, agregó la fuente.
Una mujer que respondió al teléfono en Stylofino dijo que el negocio ya no funcionaba como una planta, pero declinó responder a más preguntas. Varias visitas al edificio no obtuvieron respuesta y en el exterior había un cartel de “se alquila”.
En el curso de las entrevistas, antiguos miembros revelaron a los investigadores un acuerdo por el que los responsables de la iglesia de Franco da Rocha terminaron siendo propietarios de un terreno adquirido en el nombre de la institución. Felipe Carbonari, inspector de la policía, confirmó a la AP que había una pesquisa abierta al respecto pero no proporcionó más detalles.
La iglesia y la escuela están en una gran parcela que da a una calle, cercada por una valla grande que impide la visión desde el exterior. En 1999, la congregación compró dos fincas adyacentes por 47.000 reales (24.700 dólares de entonces), según documentos revisados por la AP.
La adquisición se financió con el dinero reunido por la institución durante tres años gracias al diezmo habitual del 10% y a varias recaudaciones de fondos específicas, según seis veteranos miembros de la iglesia que la abandonaron en el último año.
El plan era construir una casa pastoral que serviría como vivienda para los responsables del culto y como centro de actividades, una práctica habitual en las iglesias brasileñas, explicaron. La vivienda de una de las parcelas fue renovada y en ella viven a día de hoy Granieri y De Souza Oliveira.
En 2006, los pastores pasaron a ser los propietarios legales de los terrenos y se creó una junta de siete miembros para gestionarlos, según los documentos. Los papeles mostraron que Granieri fue nombrada presidenta del ente y De Souza Oliveira vicepresidente. Además, cuatro de los puestos restantes de la junta estaba ocupados por familiares de la pareja.
Los exmiembros de la iglesia entrevistados por la AP dijeron que se enojaron al enterarse este año de los cambios en la titularidad de las fincas.
“Todos trabajamos para comprar esos terrenos”, manifestó Flavio Correa, que dejó la iglesia tras 25 años y recientemente testificó ante los investigadores. “Cuando ves algo así con gente en la que confiabas, es como si el mundo se quebrase a tu alrededor”.
Por otra parte, autoridades educativas en los dos estados donde está presente la Word of Faith Fellowship iniciaron pesquisas sobre sus escuelas.
En sus reportes de julio, la AP publicó que en ocasiones los estudiantes eran sometidos a algunos de los duros castigos que recibían los miembros de la iglesia, desde un “blasting” a un prolongado aislamiento. Las historias detallaron también importantes alteraciones en libros de texto de materias como ciencias o geografía. Por ejemplo, la fotografía de una mujer maquillándose en un libro de ciencias sociales se cubrió por completo, como los genitales de un hombre en uno sobre anatomía.
Los inspectores detectaron varios casos de censura que violaron las normas educativas y los derechos de autor, según Webster Silvino de Oliveira, el superintendente escolar del distrito en el que se ubica Sao Joaquim de Bicas.
El distrito buscará “corregir y monitorear” la situación sin imponer multas ni revocar la licencia de la escuela, y las acusaciones de abusos serán trasladadas a las autoridades, explicó De Oliveira, que se negó a comentar detalles sobre los hallazgos realizados hasta la fecha.
El supervisor del distrito de la escuela de Franco da Rocha no respondió a las peticiones de entrevista.
Las acusaciones de abusos en los centros educativos son muy habituales entre los antiguos miembros del culto.
Maria Reis contó que su hijo, que ahora tiene 15 años, solía recibir gritos y era apartado de los otros estudiantes porque tenía problemas de aprendizaje. Sacó al menor del centro el año pasado y abandonó la iglesia de Franco de Rocha tras 23 años.
Reis tomó la decisión de alejarse de la Word of Faith Fellowship tras abordar el problema en la escuela con la fundadora de la iglesia, Jane Whaley, que visitó Brasil para acudir a una boda.
“‘Usted es una rebelde. Va en contra de Dios’“, dijo Reis recordando las palabras de Whaley. “Llegué a la conclusión de que no había fe en esta iglesia. El único objetivo era controlar a la gente”.
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