SAN CRISTOBAL: Escandalos en la justicia de San Cristobal, por permisos dados a reclusos.

San Cristóbal.- En medio del escándalo desatado tras CDN publicar la información de que una magistrada otorgó permisos navideños a decenas de reclusos ligados al narcotráfico, la jueza presidenta de la Corte de Apelación del Departamento judicial de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, acusó este martes a la Procuraduría General de la República de intentar chantajear a los jueces de esa jurisdicción.

Garabito Ramírez hizo la acusación mediante una carta que envió al director de la Carrera Judicial, Justiniano Montero, en la que define al Ministerio Público como “un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos…”. La misiva fue publicada primero por Diario Libre.

El Consejo del Poder Judicial inició este martes una investigación a la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katerine Arletti Rubio Matos.

•  Contenido relacionado: Consejo Poder Judicial investiga jueza otorgó permisos a narcotraficantes

A continuación el texto íntegro de la carta

NFORME SOBRE LOS PERMISOS OTORGADO POR LA JUEZ INTERINA DEL TRIBUNAL DE EJECUCION DE LA PENA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL

Buenos días Magistrado Justiniano, espero que el Dios en el que confiamos le continúe bendiciendo y proporcionándole la inteligencia la disciplina y dedicación al trabajo necesarias para continuar ofreciendo sus mejores servicios al Poder Judicial, como hasta ahora lo ha hecho.

Magistrado, le escribo en ocasión de remitirle el informe que a su vez me rindiera la Juez Interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial, raíz de una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República exageradamente cruel, dañino, inexacta, mendaz y plagada de malicia. Que más que una noticia parece un plan para hacer “saltar” a la Juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales.

No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgados y condenados las personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero si puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo; que la juez duro aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos.

Sin embargo sorpresivamente sale esta noticia, precisamente un sábado en la noche en que el pueblo dominicano se encontraba recogido celebrando en paz la llegada del año nuevo, pero antes ese mismo sábado en la noche encontrándome con mi esposo interno en la clínica Real de esta ciudad, me llama la Procuradora General ante esta Corte para dramatizarme sobre lo sucedido, cuando ya sus planes estaban en marcha.

Hasta el día de hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello representa.

He observado el protagonismo con el que el Ministerio Público quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor LUIS LARA, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas.

Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Público y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos.

Le solicito una Inspectoría judicial, para que mis palabras no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Público para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe.

Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Público, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.

Anexo el Informe de fecha 2 de Enero de 2018, suscrito por la Magistrada Katerine Arletty Rubio Matos.

San Cristóbal, Rep. Dom., martes dos (02) de enero de 2018.

A sus órdenes siempre.

María G. Garabito Ramírez

Jueza Presidente

Cámara Penal de Corte de Apelación

Departamento judicial de San Cristóbal