La acción judicial fue depositada por los abogados Euren Cuevas Medina, quien es el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), y Noel Moquete, quien es parte de la institución ambiental, y quienes a su vez representan a la Junta de Vecinos “Managual avanza”.
Ambos juristas calificaron como un crimen contra la salud y el medio ambiente la instalación de esa fábrica de extracción de esencia para la elaboración de perfumes en medio de cuatro centros educativos y viviendas.
Explicaron que el funcionamiento de la empresa viola la constitución y leyes del país, sosteniendo que se está en presencia de un delito ambiental tipificado en los artículos 174 y 175 de la ley 64-00, y condena hasta con tres años de prisión y multa de 10 mil salario mínimos.
Los comunitarios dentro del plan de lucha señalan que la referida empresa debe paralizar sus operaciones y solicitan el traslado inmediato del misma, además, los afectados piden ser indemnizados con 100 millones de pesos.
Procurador Ambiental
Por su lado, el procurador de Medio Ambiente, Esteban Sánchez, al recibir la querella aseguró hacer la investigación de lugar en procura de dar respuesta a la situación planteada.
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