Japón ampliará el estado de emergencia por el coronavirus, que actualmente afecta a Tokio y a otras cinco prefecturas, a nueve zonas mientras el gobierno sigue decidido a celebrar los Juegos Olímpicos en poco más de dos meses.
El país ha tratado de reducir los contagios antes de la cita olímpica. Las tres nuevas regiones con restricciones son el estado insular norteño de Hokkaido, donde se correrá la maratón olímpica, e Hiroshima y Okayama, en el oeste del país.
A partir del domingo, estas tres regiones se unirán a la capital, a Osaka y a las otras cuatro prefecturas con medidas especiales, que se mantendrán hasta el 31 de mayo, dijo el ministro de Revitalización Económica, Yasutoshi Nishimura, a reporteros. Los bares, karaokes y la mayoría de los locales de ocio deberán cerrar. Los negocios que cumplan las normas serán compensados, y los que no, recibirán sanciones.
El primer ministro, Yoshihide Suga, hará el anuncio formal de la decisión en una reunión del gobierno más tarde el viernes.
La expansión del estado de emergencia supone un importante cambio con respecto al plan inicial del ejecutivo, que se basaba en medidas menos restrictivas que se consideraron insuficientes.
La entrada de Hiroshima en la lista de zonas en alerta se produce días después de que los organizadores de los Juegos anunciaron la cancelación de la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a la ciudad la próxima semana para el relevo de la antorcha.
El gobierno de Suga está bajo la fuerte presión de una población cada vez más frustrada por la lentitud de la campaña de vacunación y la prórroga de las declaraciones de emergencia. Muchos se oponen a la celebración de los Juegos, y la gente parece que coopera cada vez menos con las órdenes de cuarentenas y distancia social, que no son de obligado cumplimiento.
Menos de un 2% de la población nipona ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Por otra parte, los organizadores de una petición para la cancelación de los Juegos remitieron el viernes las más de 350.000 firmas recopiladas desde principios de mayo a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. El pedido señala que el dinero invertido en la cita olímpica podría usarse en la gente con problemas financieros derivados de la pandemia.
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