Explica que pudieron evidenciar varias personas encerradas, y que al cuestionar el porqué, les informaron que tenían comportamientos agresivos.
Asegura en el informe que las condiciones de las habitaciones son inadecuadas porque no poseen camas, no están iluminadas y no cuentan con baños.
Por baño “lo que evidenciamos es un espacio con un agujero donde aparentemente hacen sus necesidades”, indica.
Aclara que en ninguno de los espacios identificaron tomas de agua y lo que usan como baño es un espacio mal oliente.
Narra que no se vio ningún colchón en el lugar, tampoco área donde tengan ropas guardadas, solo dos habitaciones con camas correspondientes a la seguridad y a una de las pacientes recuperada que ayuda con la limpieza.
Aclara que el centro tampoco cuenta con un expediente clínico de los pacientes y que la pastora refiere que ninguno tiene identificación.
“El centro no cuenta con expediente civil, ni clínico de estas personas, tampoco tienen información de familiares ni procedencia, solo refieren que fueron recogidos mientras deambulaban en los alrededores de la Basílica”, se expone.
El informe concluye, de que se trata de una situación irregular, inhumana, al margen de las leyes del país y que es evidente la violencia a la cual están sometidas estas personas, el irrespeto a sus derechos humanos, aparentemente en un estado de secuestro, y lamentablemente con conocimiento de la comunidad.
“Es evidente la violencia a la cual están sometidas estas personas, el irrespeto a sus derechos humanos, aparentemente en un estado de secuestro y, lamentablemente con conocimiento de la comunidad”, sostienen los especialistas que investigaron la situación del hogar.
Manifiestan que no es una clínica, no es un hogar de día, una unidad de atención primaria y tampoco una organización comunitaria. “Es simple y llanamente un centro de reclusión de personas con algún trastorno de su conducta, abandonados a su suerte o tal vez despojados de sus derechos”, alegan.
En su informe, los miembros de la comisión sugieren que el centro sea cerrado por no cumplir ninguna de las normas elementales del respeto a los derechos humanos y violación de las leyes 42-01, de Salud Pública , y 352-98 sobre protección de los adultos mayores.
Asimismo, recomiendan que se presente esta situación al Ministerio de Salud Pública para los fines correspondientes en su calidad de Órgano Rector del Sistema Sanitario en República Dominicana.
La comisión que conformó el Conape y que realizó el informe está integrada por la doctora Berenice Pérez, encargada de la División de Salud; el teniente coronel del Ejército Hugo Batista, encargado de seguridad; Robert Angomás, encargado de la división de coordinación provincial; Jorge Mercado Bisonó, psicólogo clínico; Teresa de Jesús Peña Peña, psiquiatra, y Weldin Guzmán, médico general.
La pastora Belkis Castillo, quien ha dirigido la entidad por 21 años, comentó que las autoridades informaron que el centro estaba clausurado, lo que dijo extrañarle porque los enfermos aun permanecen dentro.
Apuntó que le informaron que ayer iban a ir a buscar cuatro de los envejecientes, que no le dieran comida para realizarles unos análisis y a la cinco de la tarde los ancianos temblaban del hambre, porque no fueron a buscarlo.
“Nosotros queremos hoy entregar el centro y los enfermos que están aquí, queremos pasar el centro a otras manos y a una mejor administración, pero aquí no hay nadie para recibirlos”, expuso.
Aseveró que los que la conocen saben que es de armas a tomar, pero cuando uno pierde las fuerzas le da trabajo continuar.
Comentó que necesita que alguien les ayude a ubicar los enfermos en un mejor lugar y en mejores manos.
Aseveró que quisiera entregar las llaves, pero que ninguna autoridad se presentó para entregárselas y que ella invitó al director de Salud, a la fiscal, al alcalde, a todas las autoridades para que acudieran en su ayuda y “nunca” se la dieron.
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