El elitismo penal ante Odebrecht y Pro Consumidor

Por David La Hoz

Casi toda la planilla de los abogados constitucionalistas al servicio de las élites del poder, están involucrados en el caso Odebrecht, en la búsqueda de salida una, cuando menos salomónica, a dicho asunto.

Sin embargo, otro gallo canta cuando se habla de populismo penal, esas mismas bocinas jurídicas pegan el grito al cielo cuando se habla de la posibilidad de que aclamaciones populares, decidan la suerte de aquellos que han incurrido en negocios públicos turbios.Esto, desde la perspectiva del derecho a defensa que tiene todo acusado, no tiene nada de pecaminoso. Es más bien parte de las buenas diligencias que debe realizar todo letrado en procura de defender a su representado.

Es como si desconocieren que Hanna Arendht sentenció que la única justicia real, es la justicia del Comisariado del Pueblo, es decir aquella que realiza el pueblo en los momentos estelares de una revolución en curso, cuando es el pueblo mismo, sin delegación de ninguna naturaleza, el que se encarga de administrar justicia. Luego, el populismo penal no es más que una variante del comisariado del pueblo, pero ¿podrá decirse lo mismo del elitismo penal? Todos sabemos que las élites parten del principio de que las normas penales no les alcanzan por estar hechas para ser aplicadas a las clases dominadas o subalternas, no así para las élites.

Así cuando se plantea claridad espitemologica a uno de nuestros letrados constitucionalistas contestarán en el mejor lenguaje cibaeño de que las cosas son “asigun.” De donde se infiere que el populismo penal en el supuesto de que existiere, es más democrático, más justiciero que el elitismo penal.

Así lo sostiene el caso Odebrecht, asunto en el cual, se ha mezclado a mansos con cimarrones, a oposición y a gobierno, con el objeto de realizar una miserable justicia penal elitista, la que de acuerdo con lo que está presenciando el país, acusa grandes falencias, pues gente que probablemente sea inocente, es objeto de escarnio con el solo propósito de que nunca se llegue a los responsables reales.

No es posible que el Ministerio público se haya destapado con una solicitud de ampliación del periodo de investigación sin avanzar nada respecto de los actuales encartados. Sin medir el grado de responsabilidad de cada uno y de cada cual, y sin descartar o bien excluir a quienes ya se sabe que no son partes de ese sainete. No lo hacen porque el morbo de la elite puede empezar a mostrar desesperación lo que implica que el libreto, el guión, pueda sufrir variaciones e incluso conducir a nuevos actores en un proceso en el cual, en principio, se dijo que eso eran todos, que no quedaba más nadie por ser acusado.

Entonces ¿para qué la extensión del plazo de investigación?

Obviamente, el mismo busca un silencio cómplice no solo de los encartados sino de los juristas constitucionalistas comprometidos con el elitismo penal. Pues estos son capaces de tronar ante el populismo penal, como de hacer mutis ante el elitismo penal. Es lo que se observa en el parnaso como en el estrado.

Esta situación, muestra cómo los constitucionalistas de las élites, no tienen ningún interés en que el Estado Social y Democrático de Derecho se afiance en suelo nacional, pues le desacreditan tanto con sus acciones como con sus omisiones. Ante tales conductas, el populismo penal, la acción de las masas en las calles y clamando justicia en los tribunales, constituyen las únicas salidas, ante institucionalistas que son anti institucionalistas, o mejor dicho, reformadores que necesitan ser reformados. La reforma de la reforma, a decir de Claus Roxin, es la que nos puede transportar del Estado Liberal hasta el Estado Social, pues está claro que las elites no tienen interés más que en lograr su impunidad. Esa es su “tecnología de poder” como diría Michel Foucault.

Donald Dworkin diría que los casos difíciles se resuelven con más justicia ejemplificadora y menos connivencia, menos impunidad, menos confabulación, menos miseria de la élite penal. Quizás sea pedir mucho, pero este mucho es menos que lo que podría resultar del populismo penal en perdida para unas élites que no entienden que el derecho como la justicia son actualmente transversales, que posiciones de poder como posiciones de clase no contribuyen al establecer cimiento del reino de la equidad, de la justicia.

De lo contrario, como dice Marx, habría que admitir que: “El criminal no solo produce delitos, sino también la legislación en lo criminal, y con ello al mismo tiempo, al profesor que diserta acerca de la legislación, y además de esto el inevitable compendio en el cual el mismo profesor lanza sus disertaciones al mercado general como “mercancías”. Por tanto, todos somos parte del mercado.

De manera que cuando alguien hace referencia a la supuesta incapacidad de Pro Consumidor para imponer sanciones, está destilando no solo un interés particular sino un tinte de clase elitista contrario a los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra el artículo siete de la Constitución, pues no existe ley sin sanción. Además, que un constitucionalista dé carácter preferente a la ley frente a un mandato constitucional de hacer, es como mínimo, una paradoja inaceptable.

En consecuencia, si populismo penal es colocarse al lado del Estado Social, en favor de que Pro Consumidor sanciones como ordena la ley, como bien ha expresado la SCJ, si eso es autoritarismo, bienvenido sea este pues el mundo se ha construido con redentores jamás con élites parasitarias. DLH-18-2-2018

Tomado de Diario Digital RD