OPINION.- Volvió el comerciante Carlos Brito a destruir la represa que suministra el agua potable a 8 comunidades del municipio de Polo, esta es la cuarta ocasión que lo hace en tres años. ¿El culpable? El gobierno, no el señor Brito, dueño de la propiedad donde se encuentra la represa.
Enjunio del 2018 una comisión,encabezada en aquel entonces por el gobernador Pedro Peña Rubio, se comprometió en tasar la propiedad del señor Brito y comprarsela, pero todo quedó en promesas.
Al señor Brito el gobierno lo mantuvo "en el aire", cogiéndolo de relajo durante más de un año, de que sí, que se espere, que el próximo mes se la compraremos, luego que espere el próximo años para comprarle la propiedad. Pero todo tiene su límite, la gente pierde la paciencia.
El acuerdo entre esa comisión y el señor Carlos Brito en junio del 2018, estipulaba que el comerciante, se reservaba el derecho de interrumpir el suministro del agua potable a esa comunidades, vencido el plazo de tres a seis meses a partir de la firma del acuerdo, sino se realizaba la compra previa de la propiedad, previa notificación a la comisión.
Quiénes están pagando las sinvergüencerías del gobierno son las 250 viviendas de esas 8 comunidades de Polo.
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